SIN RODEOS
Bajo
Cauca, asediado
Por
Jaime A. Fajardo Landaeta
@JaimeFajardoLan
Entradilla:
Mineros artesanales y pescadores se quedaron sin ingresos; también
los campesinos que erradican las matas de coca. Todos convertidos en
potenciales miembros de grupos armados ilegales.
La
muy minera, agrícola y ganadera subregión
del Bajo Cauca es una de las nueve en las que se divide Antioquia. Está
integrada por seis municipios: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y
Zaragoza, y se extiende entre las serranías de Ayapel y San Lucas, sobre las
cuenca de los ríos Cauca y Nechí. Estas mínimas referencias, para destacar la
riqueza de ese territorio, potente atracción que hace ya muchos años incita una
ofensiva violenta por parte de variadas expresiones
armadas ilegales, incluidas las que sirven al narcotráfico. A ellas se suman
serios problemas de corrupción que han llevado a la destitución y condena de otrora
dignatarios de la región y líderes políticos, y que ahondan la desconfianza en
la institucionalidad.
Deberían considerarse como
una vergüenza nacional los asesinatos casi diarios, los desplazamientos, el incremento
de la minería ilegal y el acoso a la artesanal, el auge del narcotráfico y de
otras rentas ilegales. Panorama que ha llevado a muchos líderes de la región a alertar
sobre esta crisis humanitaria sin precedentes. Para atenuarla, el Gobierno Nacional
redoblará el esfuerzo de los organismos de policía y militares, hoy con más de
5.000 efectivos presentes en la subregión. Pero persiste la ausencia de resultados
concretos.
Compartimos en parte las
medidas adoptadas, pero saltan a la vista las dificultades: si estamos ante reciclados
fenómenos de violencia estructural, ¿por qué no explorar una salida integral y
definitiva? Las propuestas y acciones tienen un carácter cortoplacista, o al
menos dejan de lado problemas acumulados en relación con equidad social, lucha
contra la pobreza y la miseria, baja capacidad institucional para la resolución
de conflictos, control territorial de los grupos ilegales, desplazamiento de
las instituciones y alta carga de corrupción e impunidad con poca aplicabilidad
de justicia.
Traemos a colación la
investigación realizada por RCN radio, dirigida por el periodista Jairo
Tarazona en marzo de 2019, y la de Camilo Pardo Quintero, los vaivenes de la
violencia en el Bajo Cauca antioqueño, en la que varios de los entrevistados
señalan aspectos que vale la pena recuperar: “Casi 400 homicidios del 2018 eran
de jóvenes y más de 2.000 familias fueron desplazadas entre el 2017 y el 2019”.
Además, agregan que: “La crisis de Hidroituango acabó la pesca, el barequeo, el
balestreo (sic) y tienen en vilo las comunidades que están a la orilla
del río Cauca, que antes temían que la represa fuese a reventar”. Estas
expresiones no constituyen una negación del proyecto, pero contienen una gran
carga de responsabilidad sobre lo que sucede en la región, debido a que muchos
jóvenes, pescadores y campesinos fueron fácilmente atraídos por grupos ilegales,
al perder o ver diezmados los recursos naturales, base de su sustento, por los
efectos de la represa.
Así que a los problemas
del narcotráfico y de variadas formas delincuenciales, se agrega este; que las
autoridades dimensionen sus alcances y efectos sobre el Bajo Cauca, ya que ni
ellas ni las EPM han respondido adecuadamente.
Por último, vale subrayar
esta apreciación de los habitantes en las citadas entrevistas: “Los balesteros
(sic), al igual que los mineros artesanales y pescadores, se quejan
porque hoy no tienen ingresos”. Algo similar a lo que sucede con los campesinos
dedicados a la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, a quienes el
gobierno incumple con los dineros prometidos, ahondando la desconfianza en las
instituciones y allanando su ingreso a las organizaciones ilegalmente armadas.
Para recuperar la vida
institucional del Bajo Cauca, se requieren medidas de mucho fondo y no solo la
presencia por unos días del mandatario de los colombianos. Una gobernanza más
efectiva desde el territorio y con representación permanente de los otros
niveles de gobierno.
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