El ya agobiante tema del narcotráfico y su tratamiento vuelve a estar en la mira de la opinión pública nacional e internacional. Para nadie es desconocido que los demócratas en los Estados Unidos han sido perseverantes críticos de buena parte de la política que para enfrentar este flagelo ha desarrollado nuestro país, con el apoyo en los últimos años del gobierno de George W. Bush.
Pero lo cierto es que la efectividad de la lucha que se ha librado hasta el momento deja mucho que desear. Basta con mirar la manera como se están incrementando las plantaciones de coca en regiones donde esta actividad era desconocida y que en cierta medida constituyen áreas de preservación o pulmones naturales que se deberían proteger. Pero están padeciendo el letal impacto de las fumigaciones con productos químicos que destruyen la capa orgánica natural y acaban con los cultivos lícitos de los campesinos.
Si bien se debe mantener la práctica de la erradicación manual y el fomento a los cultivos alternativos que beneficien a los campesinos y pequeños productores, llegó la hora de proponer alternativas de solución que apunten a la erradicación definitiva de este mal, pero con el diseño de una política integral, que comprometa al conjunto de la sociedad colombiana. Bajo el liderazgo del Presidente de la República se debe trabajar en la definición de una estrategia que, a manera de propuesta, podría contemplar los siguientes aspectos:
1. Convocar a un gran acuerdo nacional con el objetivo de trazar una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, con ingredientes de paz y negociación del conflicto armado. Allí deben estar presentes los voceros de todos los partidos políticos, los gremios económicos y la sociedad civil en general.
2. Diseñar un proyecto de sometimiento de los narcotraficantes a la justicia colombiana, como producto del citado acuerdo nacional. Esta tarea contaría con la presencia de los fiscales y los organismos de control y recogería las experiencias del pasado, tanto las negativas como las positivas. El citado proyecto propondría la no extradición de los grandes capos que se acojan a la propuesta resultante.
3. Crear un fondo de reparación para todas las víctimas del conflicto, sin excepción; allí confluirían todos los bienes ilícitos decomisados: aeronaves, muebles e inmuebles de todo tipo, títulos valores y el dinero que entreguen los que se acojan a dicho acuerdo. De inmediato intervendría la Comisión de Reparación y Reconciliación en el proceso.
4. Los narcotraficantes deberán entregar las rutas de su ilícito comercio, señalar las zonas cultivadas, entregar laboratorios, insumos de todo tipo y ayudar en las acciones de destrucción de las infraestructuras que lo requieran.
5. Proporcionar en lo inmediato los recursos necesarios para que tanto los campesinos residentes en las zonas cultivadas con coca como los pequeños cultivadores puedan generar planes alternativos de siembra y producción de productos de consumo doméstico.
Esta iniciativa debe ser puesta a consideración de la opinión pública y sometida a consulta popular. Pensamos que además resultaría inconveniente la creación de centros de reclusión especiales; las penas que imponga la justicia se pagarían en lugares previamente identificados, que serían similares a las cárceles de máxima seguridad o a las instalaciones previamente concertados con las fuerzas que participen del gran acuerdo nacional.
Esta es nuestra propuesta que, esperamos, amerite el análisis y los pronunciamientos respectivos.
Pero lo cierto es que la efectividad de la lucha que se ha librado hasta el momento deja mucho que desear. Basta con mirar la manera como se están incrementando las plantaciones de coca en regiones donde esta actividad era desconocida y que en cierta medida constituyen áreas de preservación o pulmones naturales que se deberían proteger. Pero están padeciendo el letal impacto de las fumigaciones con productos químicos que destruyen la capa orgánica natural y acaban con los cultivos lícitos de los campesinos.
Si bien se debe mantener la práctica de la erradicación manual y el fomento a los cultivos alternativos que beneficien a los campesinos y pequeños productores, llegó la hora de proponer alternativas de solución que apunten a la erradicación definitiva de este mal, pero con el diseño de una política integral, que comprometa al conjunto de la sociedad colombiana. Bajo el liderazgo del Presidente de la República se debe trabajar en la definición de una estrategia que, a manera de propuesta, podría contemplar los siguientes aspectos:
1. Convocar a un gran acuerdo nacional con el objetivo de trazar una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, con ingredientes de paz y negociación del conflicto armado. Allí deben estar presentes los voceros de todos los partidos políticos, los gremios económicos y la sociedad civil en general.
2. Diseñar un proyecto de sometimiento de los narcotraficantes a la justicia colombiana, como producto del citado acuerdo nacional. Esta tarea contaría con la presencia de los fiscales y los organismos de control y recogería las experiencias del pasado, tanto las negativas como las positivas. El citado proyecto propondría la no extradición de los grandes capos que se acojan a la propuesta resultante.
3. Crear un fondo de reparación para todas las víctimas del conflicto, sin excepción; allí confluirían todos los bienes ilícitos decomisados: aeronaves, muebles e inmuebles de todo tipo, títulos valores y el dinero que entreguen los que se acojan a dicho acuerdo. De inmediato intervendría la Comisión de Reparación y Reconciliación en el proceso.
4. Los narcotraficantes deberán entregar las rutas de su ilícito comercio, señalar las zonas cultivadas, entregar laboratorios, insumos de todo tipo y ayudar en las acciones de destrucción de las infraestructuras que lo requieran.
5. Proporcionar en lo inmediato los recursos necesarios para que tanto los campesinos residentes en las zonas cultivadas con coca como los pequeños cultivadores puedan generar planes alternativos de siembra y producción de productos de consumo doméstico.
Esta iniciativa debe ser puesta a consideración de la opinión pública y sometida a consulta popular. Pensamos que además resultaría inconveniente la creación de centros de reclusión especiales; las penas que imponga la justicia se pagarían en lugares previamente identificados, que serían similares a las cárceles de máxima seguridad o a las instalaciones previamente concertados con las fuerzas que participen del gran acuerdo nacional.
Esta es nuestra propuesta que, esperamos, amerite el análisis y los pronunciamientos respectivos.
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