Hay ciertas situaciones de la vida nacional que deberían preocupar a la opinión pública y que llaman a la reflexión de parte de quienes nos consideramos defensores del Estado social de derecho, y por ende de nuestra Constitución Política.
Pareciera imponerse la creencia de que todo el espectro democrático allí consignado se reduce a defender la seguridad democrática y el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Reconocemos sus logros en materia de seguridad, paz y convivencia, pero cosa distinta es reducir los fundamentos constitucionales sólo a la defensa de una propuesta de gobierno, así ésta haya sido muy exitosa o por lo menos cuente con un gran respaldo popular.
Saltan a la vista los retrocesos que registra el país en materia de descentralización y autonomía de los entes territoriales. Mientras departamentos y municipios aplicaron el estricto y exitoso ajuste fiscal, la nación se dedicó a crecer a expensas de éstos, y el endeudamiento crece en favor del gobierno central. Por no mencionar las transferencias de los recursos que en buen momento aprobó la constitución política de 1.991 para atender la educación, la salud y el saneamiento básico regional y local, pero que resultaron desmontados arbitrariamente, para beneficio del gobierno central.
Sí, hay crecimiento económico. Pero éste no ha significado mayores posibilidades para la población de escasos recursos, mientras que la política de subsidios del Estado se sumerge en una enorme tramitología que a la larga desconoce los objetivos sociales que la inspiraron. Pero la más preocupante es la ambición por un mayor crecimiento, sin expansión de la riqueza y en contra de las posibilidades de –al menos- generar empleo productivo. A la vez, en detrimento de las conquistas laborales que hoy reclaman los demócratas norteamericanos, como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio.
Ahora bien, el Departamento Nacional de Estadística –DANE- avanzaba en un manejo de parámetros, metodologías e indicadores para reflejar con fidelidad la realidad social de Colombia. Entonces, se cambia de manera abrupta al director por una ficha del gobierno para que desvirtúe ese proceso, porque de alguna manera estaban poniendo en evidencia los desaciertos en materia social. Basta con observar la manera grotesca como se han manipulado las tazas de desempleo y como asimilan el empleo temporal o de choque al productivo, para falsear una realidad.
De otro lado, es claro que nuestra Constitución es generosa y sensata en el reconocimiento de la diversidad en todos los niveles, el respeto a la democracia y el libre juego de las opiniones de las personas. Pero ahora resulta que quien no apoye las posturas oficiales corre el riesgo de ser catalogado como aliado del terrorismo, cuando no es que se busca tergiversar los argumentos para consolidar la opinión oficial.
La lucha por las paz, por la solución política del conflicto armado, por la defensa de la dignidad de la vida, hacen parte del gran legado de derechos fundamentales consagrado en nuestra carta política. Pero se quieren presentar como dádivas para los ciudadanos, que pueden ser objeto de manipulación o de menosprecio por parte de las instituciones y especialmente del poder ejecutivo.
Los defensores de nuestra Constitución tenemos la obligación de mantenernos en estado de alerta frente al rumbo e interpretación que están tomando muchas de las conquistas logradas. Aunque reconocemos los avances en materia de seguridad, también debe preocuparnos el resquebrajamiento del Estado social e derecho y las bases democráticas que animaron esa gesta democrática y participativa de 1991.
Recordemos que nuestra carta política es ante todo un tratado de paz, su desconocimiento tira por la borda todo lo acumulado en esta materia y propicia elementos generadores de violencia.
Pareciera imponerse la creencia de que todo el espectro democrático allí consignado se reduce a defender la seguridad democrática y el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Reconocemos sus logros en materia de seguridad, paz y convivencia, pero cosa distinta es reducir los fundamentos constitucionales sólo a la defensa de una propuesta de gobierno, así ésta haya sido muy exitosa o por lo menos cuente con un gran respaldo popular.
Saltan a la vista los retrocesos que registra el país en materia de descentralización y autonomía de los entes territoriales. Mientras departamentos y municipios aplicaron el estricto y exitoso ajuste fiscal, la nación se dedicó a crecer a expensas de éstos, y el endeudamiento crece en favor del gobierno central. Por no mencionar las transferencias de los recursos que en buen momento aprobó la constitución política de 1.991 para atender la educación, la salud y el saneamiento básico regional y local, pero que resultaron desmontados arbitrariamente, para beneficio del gobierno central.
Sí, hay crecimiento económico. Pero éste no ha significado mayores posibilidades para la población de escasos recursos, mientras que la política de subsidios del Estado se sumerge en una enorme tramitología que a la larga desconoce los objetivos sociales que la inspiraron. Pero la más preocupante es la ambición por un mayor crecimiento, sin expansión de la riqueza y en contra de las posibilidades de –al menos- generar empleo productivo. A la vez, en detrimento de las conquistas laborales que hoy reclaman los demócratas norteamericanos, como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio.
Ahora bien, el Departamento Nacional de Estadística –DANE- avanzaba en un manejo de parámetros, metodologías e indicadores para reflejar con fidelidad la realidad social de Colombia. Entonces, se cambia de manera abrupta al director por una ficha del gobierno para que desvirtúe ese proceso, porque de alguna manera estaban poniendo en evidencia los desaciertos en materia social. Basta con observar la manera grotesca como se han manipulado las tazas de desempleo y como asimilan el empleo temporal o de choque al productivo, para falsear una realidad.
De otro lado, es claro que nuestra Constitución es generosa y sensata en el reconocimiento de la diversidad en todos los niveles, el respeto a la democracia y el libre juego de las opiniones de las personas. Pero ahora resulta que quien no apoye las posturas oficiales corre el riesgo de ser catalogado como aliado del terrorismo, cuando no es que se busca tergiversar los argumentos para consolidar la opinión oficial.
La lucha por las paz, por la solución política del conflicto armado, por la defensa de la dignidad de la vida, hacen parte del gran legado de derechos fundamentales consagrado en nuestra carta política. Pero se quieren presentar como dádivas para los ciudadanos, que pueden ser objeto de manipulación o de menosprecio por parte de las instituciones y especialmente del poder ejecutivo.
Los defensores de nuestra Constitución tenemos la obligación de mantenernos en estado de alerta frente al rumbo e interpretación que están tomando muchas de las conquistas logradas. Aunque reconocemos los avances en materia de seguridad, también debe preocuparnos el resquebrajamiento del Estado social e derecho y las bases democráticas que animaron esa gesta democrática y participativa de 1991.
Recordemos que nuestra carta política es ante todo un tratado de paz, su desconocimiento tira por la borda todo lo acumulado en esta materia y propicia elementos generadores de violencia.
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