SIN RODEOS
Otro
show mediático
Por
Jaime A. Fajardo Landaeta
Twitter: @JaimeFajardoLan
Entradilla:
Aunque haya evidencias, no convienen señalamientos sin el veredicto
del juez.
El
populismo judicial, evidente en el show
mediático montado para dar cuenta del avance de las investigaciones de
cualquier ente de control, en el fondo viola claros preceptos constitucionales,
como el debido proceso y el derecho a la
defensa, y alimenta una sensación de desconfianza ciudadana, al tiempo que deja
al descubierto preocupantes sesgos en el combate a la corrupción y a los
delitos contra la administración pública.
Ha
hecho carrera la práctica de “hacer noticia” con dichas indagaciones. Aunque
una acusación contra una persona o entidad tenga asidero probatorio, no puede
llevar al señalamiento como culpable, ya que el proceso no ha terminado, y no
existe pronunciamiento del juez respectivo. Están sentenciando vía medios de
comunicación, antes de la imputación de cargos.
La
opinión pública celebró que los líderes de los tres entes de control
formalizaran un frente común para combatir las diferentes manifestaciones
criminales, que ha producido certeros golpes a la delincuencia y a algunas formas
de corrupción. Pero en el caso de la fiscalía se
observa un manejo sesgado de imputaciones a funcionarios públicos, líderes
políticos, empresas y organizaciones, sobre todo vinculados con el proceso de
paz, al margen de las debidas garantías procesales.
Más
grave aún: hay selectividad a la hora de pregonar algunos resultados, mientras
se engavetan investigaciones que involucran a ciertos líderes políticos o
gremiales, de relevancia social o económica. Si acaso se llega a la condena,
esta resulta ridícula, y no conlleva ningún tipo de castigo social; es el caso
del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien recibió pena menor y la orden
de devolver solo el 4 % de las regalías del departamento, que malversó.
Aquí
juegan papel clave grandes firmas de abogados, mañosas,
intensas en hacer lobby según sus intereses, diestros en desprestigiar alguna
medida en contra de sus clientes y expertos en habilitar trabas a la marcha de
la justicia y manejar los medios de comunicación. Solo aceptan los casos más
sonados para asegurar fama e ingresos, mientras el resto de los colombianos no
tiene cómo defenderse.
Otros
casos, aunque no avanzan, siguen siendo rentables en términos de figuración mediática, léase Reficar, Odebrecht, cartel
de la toga, algunos falsos positivos. Pero no producen ruido las
investigaciones para establecer quiénes apoyan grupos ilegales que asesinan o amedrentan
a defensores de DD HH y a líderes sociales, ni los grandes casos de corrupción
y enriquecimiento ilícito.
Debemos
respaldar el esfuerzo que caracteriza a los entes de control, pero también vigilar
que no prosperen las prácticas que aquí describimos, o las preferencias tocadas
por intereses políticos.
Si
algunos integrantes de las antiguas Farc no cumplen con la entrega de todos los
bienes que reunieron, para la reparación de sus víctimas, deben ser excluidos
de los beneficios jurídicos y políticos consagrados en el acuerdo de paz, y
llevados a la justicia ordinaria. Pero percibo un desmedido afán del señor
fiscal por imputar cargos a desmovilizados, sin la debida mediación de garantías
procesales. Las versiones sobre supuestos testaferros nos genera incertidumbre
sobre las “pruebas reinas” que con tanto bombo se anuncian; pareciera que predomina
la intención de tapar otros casos de los que la opinión pública espera
resultados. Ojalá esté equivocado, pero siento que hay mucha oscuridad en ese
proceder.
Nota:
todo parece indicar que los discursos distorsionadores de la verdad, impulsores
de la mentira y el odio, no van a tener los resultados que sus promotores
esperaban. La ciudadanía ha empezado a reaccionar y entender el mal que le
hacen a la sociedad y la falsa argumentación que los inspira.
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