SIN RODEOS
Sometimiento
sí, pero…
Por
Jaime A. Fajardo Landaeta
Twitter: JaimeFajardoLan
Sin
sombra de duda, es preciso disponer de una ley para que las bandas criminales y
otros grupos ilegales se sometan a la Justicia, como otra opción para cimentar una
paz duradera y estable. Lo sucedido recientemente en la ciudad de Medellín en
relación con el asunto no puede opacar el debate; por el contrario, debe
concitar capacidades y voluntades de toda la sociedad colombiana.
Pero
que no se repita el error de avanzar sobre este tópico de espaldas al país, o
sobre bases engañosas. Además, si se trata de implementar los acuerdos de La Habana
en cuanto a evitar que las organizaciones criminales se consoliden en territorios
de otrora dominio guerrillero, que sea por iniciativa del Gobierno nacional y
de la Fiscalía que se adopte un modelo de sometimiento, para evitar
interpretaciones y manejos no coincidentes con ese objetivo. Que se consolide
el debate público con arreglo a las disposiciones legales e institucionales, y
que el Gobierno sea el inicial destinatario de la propuesta que surja, para que
introduzca los cambios que crea necesarios antes de su presentación al Congreso
de la República.
A
propósito: no entendemos la razón para que sectores del Centro Democrático aparezcan
tan interesados en llevar un proyecto de ley de esa envergadura al Congreso de
la República, si mantienen la cantinela de que volverán trizas los acuerdos de
paz si triunfan en las próximas elecciones. ¿Entonces qué? ¿Están o no de
acuerdos con la implementación de los acuerdos de paz?
El
sometimiento a la Justicia, sin ser un acuerdo de paz, no se opone al combate frontal
de todas las expresiones del crimen organizado, que puede verse como un
complemento del accionar de las autoridades por desmantelarlas. Estas, junto
con la sociedad y aún los mismos delincuentes, saben del cúmulo de aprendizajes
que han arrojado procesos similares, como para creer que los ilegales podrán manipular
o burlar la norma que se adopte, como ocurrió en tiempos de Pablo Escobar o más
recientemente con los paramilitares, principalmente por los errores del
gobierno de turno.
Ahora
bien, un proceso de sometimiento debe tener como foco la desarticulación total
de esas estructuras criminales y la reparación integral de las víctimas, el
derecho a conocer la verdad, la no repetición y el desmonte de los negocios
ilícitos, al igual que la consolidación institucional en todos los rincones del
país.
Pero
no podemos llamarnos a engaño; no se puede perder de vista que existen sectores
criminales que, al lado de algunos políticos y empresarios, no están
interesados en una política de sometimiento porque perderían el inmenso poder
que derivan de las rentas ilegales, al igual que su incidencia en el ámbito
económico y político; así que buscarán torpedear cualquier iniciativa.
Tampoco
se pueden adelantar gestiones con grupos ilegales, o sus representantes, sin el
aval y el monitoreo de los órganos de justicia, y soslayando los preceptos
legales. Además, que una política de sometimiento no signifique una especie de respiro
para los ilegales, frente al acoso de las autoridades. Ha de servir para evitar
la pauperización del proceso de paz, o que se repita la experiencia del proceso
centroamericano. También, para consolidar la paz urbana y poder atender los
problemas estructurales derivados de tantos años de control territorial de estas
agrupaciones, reducir los niveles del microtráfico, desmontar gran parte de las
rentas ilegales, combatir la corrupción y castigar la alianza de funcionarios
con delincuentes. Además, que permita abordar problemas descuidados por causa
del conflicto armado como es el caso del sistema penitenciario y carcelario.
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