TOMA INSTITUCIONAL

SIN RODEOS

Una toma institucional

 

Por Jaime A. Fajardo Landaeta

e-mail: fajardolan@une.net.co

Twitter: @JaimeFajardoLan

La integralidad de los temas de seguridad y convivencia exige que en todo territorio se identifiquen las particularidades propias de las zonas focalizadas para su atención. Así que no basta con que enunciemos la presencia de grupos ilegales y la captación de rentas que hacen: se precisa establecer las diversas modalidades de actuación para diferenciar espacios y diseñar las correspondientes estrategias de control.

Desde hace algunos años las comunas del sector nororiental de Medellín han albergado estructuras criminales como las Odin San Pablo, Triana, la Terraza y Caicedo, que agrupan un número significativo de combos. Además de ejercer control territorial han perfeccionado un modelo criminal que en muchas partes cuenta con respaldo social: se dan situaciones de extorsiones y vacunas no rechazadas, pues sus víctimas las toman como un aporte a la “seguridad” que tales bandas dicen ofrecer.

Algunos conviven con dichas prácticas, al tiempo que demandan de las autoridades recursos de toda índole, sin exigirles a los grupos delincuenciales que las desmonten. Pagan sumisamente la “cuota” exigida, en unos casos por temor, pero igual dejando entrever una cierta aceptación social. Si bien en algunos casos hay cooperación con las autoridades y hasta se instauran denuncias, se trata de excepciones, pues argumentan que prefieren pagar antes que denunciar.

El fenómeno no es nuevo, pero para el caso del territorio en mención lo preocupante es que con las estrategias de seguridad, ejecutadas y diseñada con anterioridad, no se ha logrado erradicar; ni siquiera reducido. Ha faltado entender que dicha política no se puede reducir a una mayor disponibilidad de agentes policiales, a la activación de más cámaras de vigilancia y más tecnología, de más inteligencia y más eficiente administración de justicia, así se trate de factores muy necesarios. La clave radica, al lado de lo anterior, en que se logre consolidar la institucionalidad en los territorios, se reconstruya el tejido social y se le reste base social a la delincuencia, a la vez que se incrementan las acciones culturales, educativas y deportivas, al igual que los procesos de participación ciudadana para que las comunidades tomen decisiones sin la presión de los grupos delincuenciales.

En síntesis, es lograr el diseño de una estrategia de mediano y largo plazo que derrumbe el estado de cosas descrito, para lo cual es necesario emprender una gestión integral por parte de la administración y los organismos de seguridad, pero penetrando todos los barrios y comunidades, con énfasis en la participación ciudadana.

Cosa distinta es el caso de aquellos territorios en disputa, en los cuales no se puede partir de cero y habría que exigir de las autoridades una actitud más agresiva: son los casos de la comuna 5, Castilla, la 16 (Belén) en el sector de La Capilla, y el corregimiento de Altavista, en donde operan focos de tensión y disputa entre combos. La obtención de rentas ilegales por parte de estas estructuras se hace en muchas ocasiones sin tener que recurrir, necesariamente, al incremento del homicidio; el nivel al cual han llegado les permite hasta la tercerización de las llamadas ollas de vicio, sin necesidad de confrontaciones violentas. Pero estas realidades quedarán en evidencia cuando se produzca una total inserción institucional en los barrios y comunidades, más allá de la presencia coyuntural. Las condiciones están dadas para que en un posible posconflicto, este modelo criminal se reduzca a sus mínimas expresiones y logremos resolverlo siendo muy creativos en el diseño e implementación de la estrategia que se requiere.

Diferente es el caso de la comuna 10, la candelaria, donde actúan todas las expresiones delincuenciales de la ciudad y el cual amerita un plan de acción inmediato tanto represivo como preventivo, que en forma oportuna, la actual administración, ha logrado resolver.