EN MEMORIA DE
OSCAR WILLIAM CALVO:
VOCERO DE PAZ Y PIONERO DE LA CONSTITUYENTE DEL 91
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura
Democrática
El
asesinato en 1985 de Oscar William Calvo constituye un caso altamente
representativo de violación a los derechos humanos, al derecho humanitario y de
crimen contra la paz de responsabilidad estatal. Aunque quedó en la impunidad
los testimonios y las circunstancias existentes revelaron el compromiso del
Ejército en los hechos, la ausencia de garantías desde el Gobierno para los
voceros de las guerrillas en tregua, ataques con responsabilidad oficial contra
personas que participaban o apoyaban las gestiones de paz. Además, no fue un
caso aislado, pues en violación al pacto de cese al fuego bilateral con el EPL fueron
atacados por las Fuerzas Militares los campamentos guerrilleros en tregua y también
asesinados otros voceros del EPL y dirigentes políticos y sociales en distintas
regiones, en represalia a su participación o apoyo a este
proceso de paz.
Es de recordar que el gobierno del presidente
Belisario Betancur tras sostener conversaciones de paz firmó en 1984 pactos de
tregua bilateral con las guerrillas de las FARC, el M19 y el EPL. Entonces, se
dio a conocer en la opinión pública Oscar William Calvo, en calidad de vocero político
nacional de esta última guerrilla, quien a la vez era integrante de la Comisión
Ejecutiva del Diálogo Nacional, emprendido en cumplimiento de estos acuerdos
con amplios y diversos sectores de la sociedad y la institucionalidad en los
ámbitos nacional y regionales.
En tal situación, Oscar William Calvo con
inteligencia, especial locuacidad y carisma difundió la propuesta de convocar
una Asamblea Nacional Constituyente que introdujera una reforma democrática en
el régimen político y definiera reformas sociales, como base para que se
consiguieran acuerdos de paz definitivos. Para ello argumentó con apoyo en lo
definido por el Partido Comunista (ML), del cual era uno de sus dirigentes
nacionales, que era necesario recurrir a un plebiscito o un referendo, puesto
que se estimaba que el Congreso no estaba en capacidad de hacerlo, y que se
debía precisamente recuperar las formas de expresión de la soberanía popular. Este
fue el discurso que también asumió el EPL en tregua, bajo la comandancia de
Ernesto Rojas –su hermano- y con respaldo en su vocería política, de forma que este
movimiento insurgente emprendió una campaña nacional, entre 1984 y 1985, en
demanda de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Oscar William Calvo había sido un destacado
dirigente político que desde la clandestinidad se proyectó a la actividad
política pública y legal. Fue director del periódico Unión, dirigente de la
agrupación política Unión Democrática Revolucionaria y fundador de la JRC,
proyectos en los que consiguió durante el primer lustro de los años ochenta un
amplio despliegue nacional e incursiones internacionales. Sin embargo, precisamente
cuando realizaba la actuación política más relevante de su vida a instancias de
este proceso de paz, fue asesinado junto con dos jóvenes líderes de la JRC,
Alejandro Arcila y Ángela Trujillo, en Bogotá, el 20 de noviembre de 1985. A
ello se agregaba la desaparición forzada y homicidio de Fernando Lalinde en
Antioquia por parte del Ejército, otro joven dirigente de la JRC, y la tortura
y asesinato de Bernardo Franco por parte del Ejército en Urabá, vocero regional
del EPL. Estos, entre otros hechos de persecución y ataque contra personas y
organizaciones sociales que participaban en acciones a favor del logro de la
paz.
El crimen de Oscar William Calvo y las demás
violaciones a los derechos humanos referidas quedaron en la impunidad. Investigaciones
realizadas luego por el abogado Eduardo Umaña Mendoza, también asesinado, y por
varias organizaciones de derechos humanos, señalaron la presunta
responsabilidad del Ejército en los hechos. Además, sobrevino la persecución contra la
familia Calvo Ocampo: su hermano Héctor -ajeno a la actividad política- fue
asesinado; su hermana Fabiola quien se desempeñaba como periodista y se había
destacado en el periódico Unión y en actividades políticas fue amenazada y tuvo
que exiliarse un largo periodo en España con su esposo y cuatro hijos; e
igualmente otros miembros de esta familia fueron perseguidos y atacados en los
años siguientes.
En tal circunstancia al final de 1985 se rompió
esta tregua, de manera que el EPL retomó las acciones guerrilleras en varias
regiones hasta 1990, momento en el cual gracias a la facilitación hecha por
organizaciones civiles como la Comisión de Convivencia Democrática y la
Comisión de Notables conformadas por varios expresidentes, se reiniciaron
contactos hacia la solución política del conflicto armado. A pesar, de que en
1987 el comandante general del EPL, había sido capturado fuera de combate y
asesinado en estado de indefensión por la Policía Nacional, tras asistir a
reuniones políticas de la Coordinadora Guerrillera en el exterior, ése
movimiento insurgente mantuvo su propuesta de que se consiguiera el paso de las
insurgencias a la vida política legal, a partir de convocar una Constituyente
que introdujera una reforma democrática en el régimen político y se ofreciera
por el Estado un marco de garantías efectivo.
De tal forma, al producirse ese mismo año la
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, gracias al movimiento
estudiantil por la Séptima Papeleta y al fallo histórico de la Corte Suprema de
Justicia, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente en 1990 y se instaló en
1991, la cual introdujo un significativo cambio democrático en el régimen
político. En tal situación, el EPL, junto con el M19, el PRT y el MAQL,
consolidaron sus respectivos pactos de paz suscritos con los sucesivos
gobiernos de Virgilio Barco y de Cesar Gaviria, con su directa participación en
dicha Constituyente. Se
agregarían luego nuevos pactos de paz con la CRS y las MP en 1994 y con el MIR
COAR en 1998.
Pero a pesar del logro
de estos procesos de paz, no puede haber olvido ni pueden cesar las demandas de
esclarecimiento, justicia y reparación de las víctimas individuales y
colectivas ocasionadas. Ahora que se demandan acciones de memoria las nuevas
generaciones deben conocer que Colombia perdió en la segunda mitad de los años
80 parte importante del liderazgo de las principales organizaciones políticas
de izquierda y de las organizaciones sociales del ámbito popular relacionadas
con ellas. Sin exageración puede afirmarse que fue asesinada, desaparecida o
desterrada parte sustancial de una generación decisiva para los destinos del
rumbo político y social del país. A los nombres de Jaime Pardo Leal, Bernardo
Jaramillo, José Antequera, Carlos Pizarro y Oscar William Calvo, se sumaron los
de miles de hombres y mujeres congresistas, diputados, concejales, alcaldes,
dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, de movimientos cívicos y
comunitarios de reconocida y decisiva actuación en todas las regiones del país.
Al Estado, los
gobiernos y la fuerza pública le caben responsabilidades directas en lo
sucedido porque esta situación fue resultado de la aplicación de la estrategia
de conformación, apoyo, connivencia o permisividad en la actuación de los
grupos paramilitares que proliferaron en este período. Actuaciones de la fuerza
pública se vieron comprometidas de forma directa, así mismo existieron actuaciones
combinadas entre entes estatales y grupos paramilitares y actuaciones oficiales
encubiertas bajo denominaciones que supuestas estructuras paramilitares. El informe
del Procurador General de 1982 Carlos Jiménez Gómez que estableció la
participación de más de 160 integrantes de la fuerza pública en grupos
paramilitares fue desatendido y el propio informe del DAS de 1989 conocido como
el Dossier sobre el paramilitarismo no llevó a medidas en consecuencia.
Más aún, los ataques
selectivos contra estos liderazgos y sectores políticos y sociales se fueron
conjugando con masacres contra pobladores rurales y en algunos casos urbanos,
tras el señalamiento de supuesta colaboración o simpatía con las guerrillas, o
simplemente por militar, simpatizar o hacer parte del entorno social,
poblacional y comunitario de organizaciones políticas de izquierda como la
Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, de forma que se amplío el
blanco de ataque contra sectores sociales y poblacionales bajo tal tipo de señalamiento.
Se agregaron entonces entre las víctimas personas y organizaciones de derechos
humanos, intelectuales y académicos progresistas, activistas estudiantiles, periodistas
y voces críticas ante tal estado de cosas.
Por tanto, hoy, a treinta años de
este caso emblemático de grave violación los familiares y amigos de Oscar
William Calvo, personas y colectivos de ex militantes amnistiados en el proceso
de paz del EPL y ex militantes amnistiados con otros pactos de paz realizados
en los años 90, quienes por más de dos décadas han desarrollado proyectos
políticos, sociales y de vida en la legalidad, en unión con varias
organizaciones de derechos humanos, sociales y ONG que promueven la paz,
convocan en Bogotá, Medellín y otras ciudades a realizar actos de recuperación
de la memoria histórica de lo sucedido este caso y en otros asociados.
Convocatoria que también es apoyada por el Centro Nacional de Memoria
Histórica, el Centro Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá DC y el Museo Casa
de la Memoria de Medellín.
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