SIN RODEOS
Indultos
y contradicciones
Por Jaime A. Fajardo Landaeta
Twitter: @JaimeFajardoLan
El
país no entiende el muy contradictorio hecho de que mientras el Gobierno Nacional
se apresta a tramitar un indulto para 30 guerrilleros de las Farc recluidos en
diversas cárceles, el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, anuncie
que pretende revisar el indulto otorgado en los años 90 al M-19 por los hechos
del Palacio de Justicia.
De
esta manera se emiten mensajes muy negativos a los negociadores de las Farc en
La Habana, ya que se genera un ambiente de inseguridad jurídica porque nadie
firma un proceso de paz y un modelo de justicia que después puede ser revisado
por otra autoridad del Estado, buscando aclarar determinados hechos.
Con
esta posición el fiscal Montealegre desconoce que a los exdirigentes del M-19 no
se les puede revisar los indultos concedidos, debido a que todos los que participaron
en el operativo murieron durante la retoma de la edificación. Además, porque carece
de fundamento legal la pretensión de la familia de un miembro de la fuerza
pública, de que se aclare su muerte y se llame a responder a los dirigentes que
quedan de esa extinta guerrilla.
Pero
existe una tesis de mayor solidez jurídica, referida a que el M-19 podía ser
indultado –en esa época- por delitos por los que hoy no puede serlo. En otras
palabras, en los años 90 Colombia tenía jurisdicción penal, amnistías e
indultos, sobre algunos delitos que hoy no puede amnistiar. Posteriores
convenios internacionales, y reconocimiento del DIH, obligan al gobierno y al Estado
a cumplirlos, pero no antes de que quedaran consagrados en la Constitución de
1991.
Además,
el trámite que debería seguir el Fiscal Montealegre comienza con la demanda de la
ley que otorgó dicho indulto al M-19 ante la Corte Suprema de Justicia. Y estoy
seguro que este órgano de la rama judicial no la admitiría.
El
M-19 y las demás organizaciones que firmaron acuerdos de paz en los años 90 han
cumplido con los compromisos adquiridos, y han sido referentes para que las Farc
y el ELN valoren la importancia de negociar el conflicto armado. El Estado debe
mantenerse fiel a los compromisos pactados y el gobierno a su vez tiene que
ratificar su validez.
Con
este anuncio el fiscal Montealegre refuerza el bloque de personajes que desde
diversas orillas ha querido desconocer los acuerdos de paz vigentes. Actitud a
la que se quiere sumar ahora la Unidad Nacional de Protección –UNP- con su
pretensión de acabar con los esquemas de seguridad asignados a los líderes de
los procesos de negociación anteriores. En muchas ocasiones tergiversa el
sentido y origen de dichos esquemas de seguridad que hacen parte sustancial de
los acuerdos de paz.
La
intervención del presidente Juan Manuel Santos y de su ministro del interior,
Juan Fernando Cristo, es fundamental para que estas pretensiones no avancen.
Esperemos
que esta postura del fiscal no prospere, que se trate de una manifestación transitoria,
producto de circunstancias que pueden enturbiar las mentes de las personas
cuando no han asumido una postura clara frente a ciertos acontecimientos.
Hoy
la atención debe estar puesta en lograr que la negociación entre el Gobierno Nacional
y las Farc salga airosa y en que se concrete la firma del acuerdo de paz en la fecha
acordada, para entregarle al país y al mundo un resultado tangible, referido a la
finalización del conflicto armado.
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