SIN RODEOS
Condiciones para la paz total
Por Jaime A. Fajardo Landaeta
e-mail: jaimefajardolandaeta@gmail.com
Twitter:@JaimeFajardoLan
La política de paz total que pretende consolidar el gobierno de Gustavo Petro cuenta con un capital acumulado de avances significativos y plataformas, de mesas temáticas y de expertos. Con estas premisas, se espera que antes del 7 de agosto quede configurada una propuesta más integral y actualizada.
Es cierto que se debe diferenciar entre la negociación política de paz con el ELN y y la requerida con agrupaciones al servicio del narcotráfico o la delincuencia común o Bandas criminales, vía política de sometimiento a la justicia.
Ahora bien, unos posibles acuerdos de paz con el ELN no partirán de cero; se deben retomar lo logrado antes de la ruptura de los diálogos, precipitada por el brutal ataque a la Escuela General Santander (veinticinco cadetes muertos). Trascendió que esa guerrilla está dispuesta a reanudarlos.
La política de sometimiento a la Justicia exige una profunda revisión, debido a que la Ley 418 expira a finales de este año, y es preciso hacer claridad en temas como las penas que se aplicarán, los centros de reclusión y los mecanismos para la entrega de activos y de información sobre rutas del narcotráfico para lograr un real desmonte de estas estructuras y evitar su futuro reciclaje.
También resulta de suma importancia, para el logro de objetivos significativos, que el nuevo gobierno pueda enderezar las relaciones diplomáticas con Cuba y Noruega, garantes del proceso suspendido. Además, dar vía libre a la gestión que pueda cumplir el gobierno venezolano, independiente de la opinión que suscite; en su momento se definirá el rumbo de estas relaciones.
Esperamos pues la anunciada propuesta de paz, pero advertimos acerca de la conveniencia de establecer acuerdos humanitarios mientras se consolidan los diálogos para la paz total con todas las agrupaciones, para lograr un compromiso claro y riguroso de defensa de la vida de los líderes sociales y defensores (as) de derechos humanos y de los miembros de la Fuerza Pública. Porque resulta impensable que el actual desangre nacional continúe. Los acuerdos humanitarios ayudarán a clarificar y a imprimirle mayor confianza a dichos diálogos.
No podemos olvidar que al centro de ellos deben estar las víctimas y el proceso de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Además, que tenemos más de nueve millones de víctimas producto del accionar de las organizaciones al margen de la ley y de algunos actores institucionales vinculados a actividades de exterminio de la población civil.
También es muy importante contar con la participación de las autoridades territoriales para garantizar que haya armonía y concordancia entre las administraciones y las comunidades. Que no se repitan equívocos pasados, cuando estos mandatarios se encontraban con acuerdos ya en etapas superiores, pero empujados a asumir responsabilidades sin herramientas para atenderlas.
Ahora bien, los tratados de extradición de colombianos ameritan revisión. Como involucra a los países firmantes, se requiere aprovechar que Petro tiene un buen reconocimiento de los EE. UU. y se han logrado fructíferos acercamientos entre las partes, para introducir cambios. Así se puede evitar que luego se conviertan en un obstáculo para la consolidación de posibles acuerdos de paz y sometimiento a la Justicia.
Tampoco se deben soslayar las experiencias acumuladas de anteriores procesos de negociación. Hay que valerse de ellas como potenciales insumos para el desarrollo de las agendas requeridas. Con Petro la implementación de los acuerdos de paz Santos - Farc se consolidará definitivamente, sin el ropaje de "Paz con legalidad" del actual Gobierno, utilizado para desvirtuar su esencia.
La prioridad que se dará a la Reforma Rural Integral deja en claro qué manejo recibirán temas como el de tierras, vías terciarias, despensa alimentaria y búsqueda de solución al problema de los baldíos, sustitución de cultivos ilícitos por productos de pan coger, hoy importados. Además, se anuncia que habrá un enfoque más integral en la lucha contra las drogas y un compromiso más fuerte de la comunidad internacional en la lucha contra el lavado de activos que vincula a grandes multinacionales y a los EE. UU, al igual que a sectores financieros nacionales e internacionales.
Lo cierto es que llegó la hora de ponerle punto final a los factores que propician el conflicto armado, o al menos de llevarlos a su mínima expresión, para que la agenda integral que busca el cambio pueda disponer de un terreno fértil para su proyección y feliz consolidación.
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