Ante todo debo aclarar que los gravísimos problemas que observé directamente en la Cárcel Nacional Bellavista no son responsabilidad de la región ni de sus autoridades respectivas en el departamento, sino que en esencia su manejo y solución competen tanto al Gobierno Nacional como al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec-.
Allí el hacinamiento es de tal magnitud que no aguanta un recluso más: pasan de 7.300, cuando todo mundo sabe que la capacidad de esta prisión es de 1.800, o sea que el porcentaje de saturación es de un escandaloso 370%, lo que configura la más temible olla a presión que podamos imaginar.
Aún así, se mantiene una relativa calma que obedece, en buena medida, al papel que está jugando el Comité de Derechos Humanos establecido por ley y reglamento interno, y que cuenta con el acompañamiento de la Personería de Medellín, la Alcaldía y el Programa Fuerza Joven en su componente social de cárceles, al igual que con los coordinadores de derechos humanos de los diferentes patios.
También cuenta en este frágil apaciguamiento la voluntad de que hacen gala los internos para resolver los conflictos por la vía del diálogo, ya que han desarrollado una notable capacidad para comunicarse entre sí. Incide por igual el papel que juegan las familias y la acogida que le dan al acompañamiento ofrecido por las instituciones antes nombradas. Pero el problema tiene multiplicidad de aristas, por ejemplo: muchos presos se quedan a diario sin alimentación y solo con el apoyo de algunos de sus compañeros pueden recibir una menguada ración. A pesar de que se destinan los recursos para cubrir la alimentación de toda la población carcelaria.
A este panorama se agrega la carencia del personal médico requerido. La EPS Caprecom no ha cumplido con el convenio vigente y las dificultades van en aumento. Debido a la descontrolada aglomeración son muchos los internos que padecen diversas enfermedades, sin que reciban la atención debida por parte del personal de salud.
De tal magnitud es la crisis que hay patios en donde la propia movilidad de los presos se ve comprometida: no existe el espacio suficiente para que puedan hacer uso de todas sus facultades físicas y mentales, y lo peor es que resulta mayor el volumen de ingreso de reclusos que el egreso, lo que acelera las condiciones de esta física “bomba de tiempo”.
Pero se ha logrado detener a tiempo los conatos de broncas o de violencia, gracias a la intervención del Comité de Derechos Humanos y a que los coordinadores de patios han estado pendientes de su aparición.
Tengamos en cuenta que gran parte de la situación del conflicto que vive Medellín y su Área Metropolitana se resuelve o agrava en la medida de la atención prestada a la problemática de Bellavista.
Las medidas que debe tomar el Gobierno Nacional exigen imaginación e inmediatez. La nueva dirección del Inpec tendrá que apropiarse del tema y llevarlo a su agenda de prioridades para encontrar las soluciones definitivas. Que los recursos se apropien y envíen rápidamente, y que el proceso de descongestión comience cuanto antes. Eso sí, que cualquier medida que se tome en este campo, incluida la remisión de reclusos a otras cárceles, esté exenta de algún ánimo de retaliación -como ya ha sucedido- porque reitero que es gracias a la gestión de buena voluntad de los internos que el problema no se ha desbordado.
Hago desde esta columna un llamado al Concejo de Medellín, a la Asamblea Departamental, a los medios de comunicación, a todas las entidades humanitarias y a las ONG que se ocupan de esta temática, para que procedamos de inmediato a abordar las soluciones que está demandando la crisis de Bellavista, antes de que sea demasiado tarde y nos veamos lamentando imprevisiones que aparejen catastróficos resultados.
A toda la población carcelaria, a sus familias, a las organizaciones humanitarias y por ende a toda la institucionalidad de la región y el país los invoco a continuar trabajando porque se de una verdadera resocialización, que lamentablemente ante las circunstancias descritas no la vemos en la estrategia penitenciaria hacia Bellavista.
El Presidente, Juan Manuel Santos y el nuevo director nacional del Inpec, deben entender que si quieren contribuir a solucionar gran parte del conflicto que vive Medellín y el Área Metropolitana, tienen que mirar y atender muy de cerca los problemas que padece nuestro mayor centro penitenciario y carcelario del departamento.
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