Por Jaime A. Fajardo Landaeta
e-mail: fajardolan@une.net.co
Twitter: @JaimeFajardoLan
Entradilla:
Lenta implementación y adopción de reformas, lenta la JEP y la
reincorporación…
Es
claro el propósito inicial del próximo gobierno de Iván Duque: poner fin a la polarización,
al odio y a los sentimientos de venganza que hoy convulsionan al país, por la
vía de la reconciliación nacional, según el
sentido de su mensaje del 27 de junio cuando los resultados electorales lo
convirtieron en el presidente electo de Colombia.
Pero
muy pronto se conoció una directriz enviada a las mayorías del Congreso,
incluidos los miembros que aprobaron los acuerdos de paz pero que ahora hacen
méritos para aparecer en la foto con el presidente electo, frenando la
aprobación de la ley de procedimiento de la
Justicia Especial para la Paz JEP. Entonces se demuestra que sí existe la
pretensión de introducir reformas de fondo al acuerdo y compromisos que
finiquitaron el conflicto armado con las Farc.
Casi
nos juraban que no lo harían “trizas”; que era cuestión de leves modificaciones;
que igual se cumpliría con lo pactado. Pero cuidado que el problema no se
reduce solo a incumplirle a las Farc sino también a la comunidad internacional
que generosamente ha apoyado los esfuerzos por consolidar la convivencia, amén
de que iríamos en contravía de las sentencias de la Corte Constitucional.
Qué
rosario de tropiezos: lentitud en la implementación de los acuerdos de La
Habana, reformas política y agraria en veremos, proceso de reincorporación con
grandes falencias, la JEP estancada y con ella el sistema de verdad, justicia,
reparación y no repetición, y un creciente número de líderes
sociales asesinados, casi todos impulsores de dichos acuerdos.
Y
para colmo, en las toldas del nuevo oficialismo -aún sin tomar posesión-
algunos malquerientes del gobierno parece que no dimensionan las implicaciones
de un fracaso del proceso de paz, bien por incumplimiento de los acuerdos o por
pretender introducir ajustes no consultados con la contraparte y con los países
garantes, porque el conflicto no se quedaría en los territorios más alejados de
las grandes ciudades; crecerían las disidencias y
se fortalecerían las distintas agrupaciones al margen de la ley y al servicio
del narcotráfico.
Otra
faceta que ellos no han valorado es que los más interesados en ponerle punto
final a la guerra son los militares, otrora jugados
en el combate a las Farc y ahora expectantes ante la Justicia Especial de Paz. El
estribillo de una supuesta “baja en la moral de las tropas” en realidad busca
justificar sus broncas. Basta con analizar la posición de los altos mandos de
las FF. MM. y de la base tropera que hoy ve con buenos ojos que el conflicto se
liquide definitivamente.
Ahora
bien, lo aprobado en plenaria del Senado el pasado 27 de junio resulta importante
para consolidar la justicia transicional que requiere el proceso de paz. Pero
no es conveniente crear una nueva sala para juzgar los militares, un asunto ya resuelto
en la JEP, y mucho menos plantear que este tribunal no se debe involucrar en
las extradiciones; apenas definir si los delitos se cometieron antes o después
de la firma de los acuerdos de paz. A esto se agrega la amenaza del CD y su
bancada de preparar nuevas leyes que cambien el fondo de los acuerdos de paz,
debo recordarles que dichos acuerdos fueron firmados por las 2 partes con en el
concurso de la comunidad internacional.
Un
argumento parecido se ventiló cuando hubo la intención de juzgar a los
paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz. A la larga sus cabecillas fueron extraditados;
se embolató entonces la verdad esperada acerca de los hechos que
protagonizaron, al igual que la reparación a las víctimas. Solo que ahora se
pretende la protección e impunidad para las elites del CD y sus amigos, gracias
a dos “articulitos” introducidos por su bancada, con el apoyo obsecuente de la
nueva unidad nacional de derecha en el Congreso de la república. Se trata de
una enmendadura que no busca la justicia para nuestros héroes miembros de la
fuerza pública, sino ofrecer un salvavidas a los presuntos responsables de varios
delitos de lesa humanidad. El balón está ahora en la cancha de la Corte Constitucional
y tal vez también de la Corte Penal Internacional.
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