SIN RODEOS
El eje
del conflicto
Por Jaime A. Fajardo Landaeta
Twitter: @JaimeFajardoLan
Entradilla:
Que las promesas
para evitar la protesta no lleven a nuevas frustraciones.
A
mediados del pasado mes de diciembre recorrí el eje
bananero de la zona de Urabá, y pude palpar la creciente inconformidad
de sus habitantes con los peajes en ciernes. Todo
indicaba que las autoridades en general no habían dimensionado el estropicio de
la bomba social que estallaría a comienzos de enero de 2018. Nadie desconoce la
importancia de las obras viales que avanzan en la región con el propósito de
acercarla a Medellín, pero establecer tres puntos de pago solamente en el
trayecto aludido es un despropósito por cuanto golpea la economía de sus
habitantes.
La
bomba estalló con descomunal potencia; ni siquiera el comité promotor del paro calculó
su impacto. Sin desconocer la gravedad de los actos
vandálicos por la presencia de delincuentes en la movilización
ciudadana, resultó evidente el desborde furioso, al igual que la impotencia de las
autoridades para contenerlo.
Estas
se limitaban a argumentar que sin peajes no es posible construir obras de
infraestructura, mientras que otras instancias se abstenían de intervenir dizque
porque el asunto era de competencia del Gobierno Nacional. Luego de los hechos
violentos se acordó postergar por un mes el cobro que desató la ira
generalizada. Sobra advertir que si no surge una propuesta diferente para
allegar recursos, que satisfaga a los ciudadanos, las expresiones violentas
podrían repetirse.
Pero
no todo fue vandalismo. La movilización ciudadana sirvió para mostrar rebeldía
con la absurda decisión y la falta de concertación y diálogo, al tiempo que los
líderes de la región han gestionado por las vías legales el desmonte de dichos peajes.
También hubo propuestas sensatas, de aceptación, pero solo a la entrada y salida
de Urabá.
Si
bien allí se pueden percibir las inversiones realizadas por los gobiernos
departamental y nacional, la deuda social aún es
grande y estructural. El territorio fue escenario de diversos procesos de paz
que culminaron con una exitosa desmovilización, pero la gran mayoría de
habitantes, víctimas del conflicto armado, no acusan beneficio alguno de los
principios de reparación, verdad, justicia y no repetición.
En
medio de una gran riqueza representada en el medio ambiente, en sus montañas y
en su cercanía a la Serranía de Abibe, y con el corredor selvático que la
separa del departamento del Chocó y el Occidente antioqueño, la región carece
de servicios públicos eficientes y sus pobladores viven en condiciones de
pobreza y miseria, sin posibilidades de acceso a una vida digna. Mientras unos
pocos se quedan con las riquezas que produce esa ferviente tierra.
A
pesar de sus esfuerzos por aportarle al proceso de paz de Colombia, subsiste el
poder territorial de grupos ilegales al servicio de narcotráfico, las rentas
ilegales y algunos rezagos de paramilitarismo, opción única para muchos jóvenes.
Entretanto, se echa de menos una institucionalidad sólida y una fuerza pública capaz
de garantizar el monopolio de las armas y el control de las zonas que antes
ocupara la insurgencia.
La
región se puede consolidar como un gran polo de desarrollo a partir de sus capacidades,
luego de saldar la deuda social pendiente. Es hora también de garantizar unos
mejores servicios en materia de educación, vivienda y salud para los sectores
de menores ingresos. Pero cuidado con las promesas que ahora podrían abundar
para detener las manifestaciones sociales, porque mañana la gente estaría
“cobrando por ventanilla” los incumplimientos y la reedición de frustraciones colectivas.
Lo cierto es, que el actual modelo de pejes debe cambiarse y recoger la
iniciativa de comunidades y líderes de la región.
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