SIN RODEOS
Se respira desconfianza
Por Jaime A. Fajardo Landaeta
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En alguna medida se podrían justificar las aprensiones
de las Farc frente a los alcances de la justicia transicional y el cumplimiento
que de éstos pueda hacer el Estado. Pero, a la par, carecen de lógica las afirmaciones
de su jefe máximo al poner en duda que este año se logre un acuerdo. Ahí pesa
el hecho de que gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez generaron unos niveles
de desconfianza inmensa en la posibilidad de poner fin al conflicto armado en
Colombia.
Lo que se presentó como un triunfo de la institucionalidad,
al desmovilizar una parte de las estructuras de las AUC y entregar a algunos de
sus cabecillas a la justicia de los EE. UU., no lo fue, pues éstas perviven
bajo otros perfiles y se incumplieron los acuerdos que dieron paso a una ley de
justicia y paz aplicada con más ruido que resultados. El objetivo era silenciar
la verdad y aparecer ante la opinión pública como auténticos líderes de la paz
y la reconciliación. Mientras tanto los verdaderos impulsores del
paramilitarismo, las grandes cadenas económicas del narcotráfico y las cúpulas
que los dirigen, cerraban filas ante esa monstruosidad que los libera, por el
momento, de rendir cuentas ante la justicia colombiana y -por qué no- ante la
internacional.
Las Farc deben entender que la justicia transicional
es la mejor salida al proceso de negociación y a la reparación, no repetición y
verdad que reclaman las víctimas. Además, tendrán que esforzarse para que estos
criterios se cumplan sin que caigamos en las voces que piden revancha y solo
condenas. Que comprendan que están vigentes unos parámetros internacionales que
el gobierno y la sociedad en general deben garantizar. Hay que generar un
modelo propio de justicia transicional, que los organismos internacionales
deben respetar, situado en un punto medio entre las necesidades de la paz y la
aplicación de justicia que concrete esos propósitos.
Todo es posible acordarlo mientras todo se acuerda;
basta con que esos mínimos o “máximos” que exige la lucha por la paz se cumplan
con clara voluntad política de las partes, lo que implica disposición de la
guerrilla a la desmovilización, la entrega de armas y a la reinserción a la
vida política del país.
Lo que resulta inadmisible es que algunos responsables
de la violencia y del conflicto armado en el país, muchos de ellos “
propietarios” de las tierras nuestros campesinos, se hayan dedicado a criticar
y a sabotear el proceso de La Habana, mientras intentan echarle tierra a las
acciones criminales que con su actitud, pasiva o activa, propició el baño de
sangre padecido. La construcción de la memoria histórica del conflicto los
pondrá en evidencia, para que no se queden predicando como los Doce Apóstoles,
mientras el supremo bien de la paz se impone definitivamente.
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