SIN RODEOS
Todos
contra la extorsión
Por Jaime A. Fajardo Landaeta
Twiter: @JaimeFajardolan
Gana
terreno en las ciudades colombianas la práctica de la extorsión y de otros delitos
que lesionan la convivencia ciudadana, aunque se disponga de abundante fuerza
policial y de organismos especializados para combatirla. Creo en su desvanecimiento
cuando se cumpla con unos requisitos fundamentales:
1) Que la institucionalidad alcance un muy
sólido apoyo ciudadano para poder avanzar en esta lucha. Objetivo viable si las
autoridades aplican un direccionamiento estratégico que a la vez logre identificar
y expulsar de su seno y de las administraciones de la cosa pública a los cómplices
del accionar delictivo. Es clave una estricta depuración de estos organismos.
2)
Que haya despolitización del aparato judicial desde sus más altas cumbres, para
que sus dignatarios puedan coadyuvar en el proceso de judicialización y castigo
del delito. Hoy el poder judicial parece alejado de la realidad del crimen
organizado y opera como si estuviéramos a comienzos del siglo pasado.
3)
Que se ponga fin a la cohabitación y apoyo que ofrece un sector del
empresariado y del comercio organizado a las bandas de extorsionistas. La
asociación entre carteles del contrabando y otras modalidades delictivas
contribuye a la vitalidad de estas organizaciones.
4) Que se exijan responsabilidades frente al
fracaso del proceso de reinserción y desmovilización de las AUC, no asumidas por
el gobierno que lo implementó. Por esa razón algunos de sus mandos medios fungen
de líderes de bandas.
5)
Que se emprendan procesos de movilización y organización ciudadanas, hacia la creación
de frentes civiles de lucha contra el crimen organizado y su expresión en la
extorsión.
6)
Que se generen planes focales y especializados que permitan a las autoridades
locales y departamentales contar con el Gobierno nacional para la ejecución de operativos
a gran escala y sostenidos, sin cortapisas territoriales, hasta desmantelar las
estructuras criminales.
También
se requiere perseverar en la creación de grupos especializados, como ya los
tiene Medellín y el área metropolitana, con suficientes recursos y hombres;
dotados de alta tecnología, equipamiento y movilidad para asumir este reto.
Muchas de las falencias en la lucha contra este flagelo, se soportan en la
falta de liderazgo en la ejecución de las políticas públicas para tal fin.
La
experiencia nos está demostrando que la estrategia debe ser muy integral, porque
nos enfrentamos a empresas criminales que han logrado consolidarse en las
principales ciudades, pero sin descuidar las pequeñas expresiones delictivas del
día a día. Estamos en mora de construir bases culturales y procesos sólidos de
convivencia ciudadana que afiancen la cultura de la legalidad y la lucha contra
la corrupción, para facilitar la erradicación de estos delitos.
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