Resulta evidente que la gran vapuleada es la verdad, en este tramo de la historia colombiana. En consecuencia, la extradición de casi la totalidad de la cúpula de las AUC a los Estados Unidos, esta semana, hace más densa la cortina de humo que se instala en la realidad nacional e incrementa los niveles de incertidumbre que describíamos en pasado comentario.
Entre los argumentos esgrimidos por el presidente Uribe para autorizar la extradición masiva se encuentran: i. Un gran número de los jefes y desmovilizados habían reincidido en delitos en medio de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, desde sus sitios de reclusión. ii. No había colaboración precisa con la justicia para aclarar la verdad y por el contrario buscaban dilatar los procedimientos. iii. Las reparaciones no eran efectivas; no estaban entregando todos los bienes ó demoraban sus entregas.
De hecho, en el primer punto lo que hace el mandatario es reconocer que el sistema penitenciario colombiano es un desastre y que tanto el Estado como el gobierno están incapacitados para hacer cumplir los propósitos de la Ley de Justicia y Paz, razón por la que se acude al mecanismo de la extradición. Entonces irrumpe con fuerza y como parte del debate nacional una pregunta que algún día tendrá que ser resuelta: ¿Qué fue lo que se negoció con los paramilitares y con qué alcances? ¿Es cierto, como ellos pregonan, que el gobierno les incumplió y que no fue con solo ese marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz con el cual ellos se desmovilizaron?
Estas inquietudes rondan cual fantasmas pertinaces todo el proceso, de tal manera que tarde que temprano la verdad se impondrá. Porque una cosa es que hayan seguido delinquiendo, aspecto que de ser cierto le da toda la razón al Presidente, y que de seguro, con sus denuncias, cuenta con el apoyo de la mayoría de la nación, y otra bien distinta es que ellos consideren que fueron traicionados y por lo tanto el Gobierno debe una explicación, tanto a ellos como al mundo entero.
En el segundo punto Uribe argumenta que los extraditados no estaban cooperando efectivamente con la justicia y ocultaban la verdad, así como los bienes requeridos para reparar a las víctimas. Esto genera una gran preocupación porque todavía no han culminado las audiencias públicas y por ende los jueces de justicia y paz no han valorado toda la información. Le asiste al señor Presidente la razón al señalar las limitaciones descritas, pero no al apresurarse a tomar la decisión de extraditarlos sin que hayan terminado los procesos judiciales. Con ello le crea un impedimento adicional a la rama judicial: la Corte Suprema de Justicia tendrá dificultades para continuar descifrando el fenómeno de la parapolítica. Con todas las deficiencias que se puedan argumentar, la ley de justicia y paz venia ganando simpatía de diversas organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.
En cuanto al tercer punto sabemos de denuncias de algunos jefes desmovilizados en el sentido de que los bienes entregados para el Fondo de
Reparación se están deteriorando o no fueron recibidos por las instancias competentes. Además, se debe tener presente que el decreto de reparación por vía administrativa aún no ha tenido aplicación. En últimas, quien debe valorar el alcance de estos bienes, y determinar su destino, son los jueces.
Dice el Presidente que los organismos de justicia de los Estados Unidos aceptaron que el Gobierno pueda enviar a sus representantes para intervenir en los procesos que se desatarán, lo que garantizaría la reparación de las víctimas. Aunque nos quedan muchas inquietudes al respecto, conviene que la asociación de víctimas, periodistas y columnistas independientes participen activamente en este trámite. Esperamos que se den las condiciones para que un buen número de víctimas pueda tener acceso a la justicia de dicho país y desde allí convocar a todo el mundo para que se cumpla a cabalidad la Ley de Justicia y Paz.
Mientras tanto debemos señalar que esta actuación del Gobierno Nacional se convierte en una nueva estocada a la justicia colombiana, en momentos en que la Corte Suprema de Justicia requería la presencia de los jefes de las AUC. También, cuando empezaba a trascender la participación en un gran número de delitos de lesa humanidad, de directivos de algunas transnacionales empresariales, de empresarios de gran nivel y de otros protagonistas que han intentado “pasar de agache”.
Lo cierto es que de nuevo la gran golpeada por estos acontecimientos es la verdad: poco o nada se hace para que resplandezca. Colombia con estas actuaciones, de todos los actores del conflicto, jamás podrá construir caminos de reconciliación.
Entre los argumentos esgrimidos por el presidente Uribe para autorizar la extradición masiva se encuentran: i. Un gran número de los jefes y desmovilizados habían reincidido en delitos en medio de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, desde sus sitios de reclusión. ii. No había colaboración precisa con la justicia para aclarar la verdad y por el contrario buscaban dilatar los procedimientos. iii. Las reparaciones no eran efectivas; no estaban entregando todos los bienes ó demoraban sus entregas.
De hecho, en el primer punto lo que hace el mandatario es reconocer que el sistema penitenciario colombiano es un desastre y que tanto el Estado como el gobierno están incapacitados para hacer cumplir los propósitos de la Ley de Justicia y Paz, razón por la que se acude al mecanismo de la extradición. Entonces irrumpe con fuerza y como parte del debate nacional una pregunta que algún día tendrá que ser resuelta: ¿Qué fue lo que se negoció con los paramilitares y con qué alcances? ¿Es cierto, como ellos pregonan, que el gobierno les incumplió y que no fue con solo ese marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz con el cual ellos se desmovilizaron?
Estas inquietudes rondan cual fantasmas pertinaces todo el proceso, de tal manera que tarde que temprano la verdad se impondrá. Porque una cosa es que hayan seguido delinquiendo, aspecto que de ser cierto le da toda la razón al Presidente, y que de seguro, con sus denuncias, cuenta con el apoyo de la mayoría de la nación, y otra bien distinta es que ellos consideren que fueron traicionados y por lo tanto el Gobierno debe una explicación, tanto a ellos como al mundo entero.
En el segundo punto Uribe argumenta que los extraditados no estaban cooperando efectivamente con la justicia y ocultaban la verdad, así como los bienes requeridos para reparar a las víctimas. Esto genera una gran preocupación porque todavía no han culminado las audiencias públicas y por ende los jueces de justicia y paz no han valorado toda la información. Le asiste al señor Presidente la razón al señalar las limitaciones descritas, pero no al apresurarse a tomar la decisión de extraditarlos sin que hayan terminado los procesos judiciales. Con ello le crea un impedimento adicional a la rama judicial: la Corte Suprema de Justicia tendrá dificultades para continuar descifrando el fenómeno de la parapolítica. Con todas las deficiencias que se puedan argumentar, la ley de justicia y paz venia ganando simpatía de diversas organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.
En cuanto al tercer punto sabemos de denuncias de algunos jefes desmovilizados en el sentido de que los bienes entregados para el Fondo de
Reparación se están deteriorando o no fueron recibidos por las instancias competentes. Además, se debe tener presente que el decreto de reparación por vía administrativa aún no ha tenido aplicación. En últimas, quien debe valorar el alcance de estos bienes, y determinar su destino, son los jueces.
Dice el Presidente que los organismos de justicia de los Estados Unidos aceptaron que el Gobierno pueda enviar a sus representantes para intervenir en los procesos que se desatarán, lo que garantizaría la reparación de las víctimas. Aunque nos quedan muchas inquietudes al respecto, conviene que la asociación de víctimas, periodistas y columnistas independientes participen activamente en este trámite. Esperamos que se den las condiciones para que un buen número de víctimas pueda tener acceso a la justicia de dicho país y desde allí convocar a todo el mundo para que se cumpla a cabalidad la Ley de Justicia y Paz.
Mientras tanto debemos señalar que esta actuación del Gobierno Nacional se convierte en una nueva estocada a la justicia colombiana, en momentos en que la Corte Suprema de Justicia requería la presencia de los jefes de las AUC. También, cuando empezaba a trascender la participación en un gran número de delitos de lesa humanidad, de directivos de algunas transnacionales empresariales, de empresarios de gran nivel y de otros protagonistas que han intentado “pasar de agache”.
Lo cierto es que de nuevo la gran golpeada por estos acontecimientos es la verdad: poco o nada se hace para que resplandezca. Colombia con estas actuaciones, de todos los actores del conflicto, jamás podrá construir caminos de reconciliación.
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