¡A PISAR CALLOS!

Es cierto que después de muchos años de polarización política, quisiéramos que el país ya anduviera “a toda máquina” en sus asuntos vitales. Se puede afirmar que las expectativas frente a los cambios urgentes, que se habían desvirtuado o que parecían ausentes de la agenda política nacional, ahora se perciben como una realidad posible, pero que exige consensos, acuerdos y ante todo mucha sindéresis para su concreción.

Es el caso de la Ley de Tierras que propone el Gobierno Nacional y que representa una auténtica transformación del agro, a tiempo que comporta un tributo a sus verdaderos dueños: las víctimas del conflicto que durante años han sido desplazados por los actores del conflicto, los terratenientes y las mafias del narcotráfico.

A pesar de los propósitos hasta ahora expuestos, es preciso advertir que el país se debe preparar porque se van a requerir otras herramientas, además de las jurídicas. También, porque lo más crítico del proceso propuesto es que con toda seguridad se van a pisar callos de intereses muy poderosos. De otro lado, esta discusión pondrá en evidencia hasta dónde está preparada la sociedad colombiana para abrir caminos a la reconciliación.

Mencionamos sólo algunos de los problemas que seguramente se presentarán: ¿será posible que solo con la Ley de Tierras se pueda destrabar el fenómeno del testaferrato, para lograr que los verdaderos dueños -los campesinos y los desplazados- puedan realmente acceder a ellas? El proyecto contempla algunas alternativas y mecanismos indispensables para lograr ese objetivo.

Pero coincidimos con la apreciación del dirigente político Gustavo Petro, acerca de que se precisa de instrumentos que propicien la oferta de alternativas para que los victimarios, sin caer en la impunidad, entreguen las tierras usurpadas y de un vez por todas se ponga punto final a esta infame práctica. Además, para no incurrir en unos procesos de trámite infinito, y con el riesgo de que no nos lleven a ninguna parte y que la vez ayuden a la verdad y al imperio de la justicia.

En otros ámbitos de la vida nacional se exigirán sacrificios y una mejor distribución de sus riquezas. Es el caso de las regalías, tema también de moda debido a los múltiples reparos que origina su repartición, ya que los muy cuantiosos recursos económicos en juego no están atacando de raíz los males de la pobreza, la miseria y la inequidad. No resulta aceptable que esta distribución se haga sólo entre los municipios y departamentos productores de los recursos naturales, máxime cuando su ejecución ha dado origen al más nefasto despilfarro y a prácticas corruptas. Que se extienda a otros, golpeados por sus elevados niveles de pobreza y miseria, pero marginados de este beneficio porque carecen de riquezas minerales.

Claro que debemos buscar que en esta materia se convenga una nueva forma de repartimiento, como producto de una ley de ordenamiento territorial según el compromiso gubernamental, que de paso cumpla con los ajustes que planteó la Constitución de 1991. Y que en ese escenario los problemas de la gente estén al centro y se acaben los manejos clientelistas y politiqueros de algunos de los entes territoriales.

En conclusión, se vienen grandes y verdaderas reformas, según las promesas del presidente Santos. Aunque algunos sectores todavía no las han asimilado y -al igual que las Farc- se empeñan en atravesarle palos a unas propuestas que de seguro van a inaugurar para Colombia un período de transformaciones, de enormes repercusiones en su desarrollo social y económico. ¡Así haya que pisar las callosidades más sensibles!