SIN RODEOS
Esclavitudes
vigentes
Por
Jaime A. Fajardo Landaeta
Twitter: @JaimeFajardoLan
A mediados de junio de 2013 los periódicos
trajeron una preocupante noticia: “Desarticulan red que esclavizaba a 225
colombianos en Argentina”. Se refería a unos compatriotas que estaban encerrados
en galpones, explotados laboralmente. Durante los procedimientos judiciales se pudo constatar la extrema
precariedad en que trabajaban y vivían. Las autoridades afirmaron, según la
edición digital de El País, de Cali, del 13 de junio, que “el trabajo era en condiciones de
semiesclavitud producto del hacinamiento y de la forma en que se los contrata.
Se los convoca en Colombia, se les ofrece un pasaje para poder viajar hasta un
determinado lugar, y luego que se los recibe, se les genera la deuda por ese
pasaje, más el costo de manutención que también les solventan y las personas
llegan a estar en forma permanentemente endeudadas y se ven obligados a
trabajar para saldar el compromiso fraudulento”.
Añade el
informe: “Estamos ante un caso de trabajo esclavo, pero desde la concepción
moderna del término: no están encadenados, pero sí son sometidos y reducidos
psicológicamente para que se integren en la organización para la realización de
trabajos menores y en condiciones infrahumanas”.
Pero
la noticia podría tener fecha de hoy: se repite el modelo, ahora con jóvenes de
las barriadas y pueblos, que van a países latinoamericanos a desarrollar
actividades ilícitas, como la explotación del conocido “gota a gota” (poner en
circulación dinero en préstamo con intereses de usura); reciben sueldos magros
y corren con todos los riesgos, tras el señuelo de lograr una mejora en sus
ingresos y algún mejor estar para las familias.
Así
que la explotación de las personas tiene múltiples aristas, aunque la que se
roba todos los titulares y escándalos mediáticos sea la sexual. Eso está bien, como
manera de atajar este oprobioso mercadeo con la dignidad de las personas.
Porque es preciso visibilizar el delito y activar estrategias de prevención,
ofrecer asistencia y protección a las víctimas y a sus familias, y abrir
investigaciones, reprimir y judicializar cada caso. En ese sentido la Gobernación
de Antioquia realizó una campaña del 28
al 30 de julio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata
de Personas. En todos los casos, para insistir en que constituye un delito
transnacional que vulnera los derechos humanos.
Según
la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, esta práctica se
caracteriza por el traslado al interior o fuera del país de una persona con
fines de explotación que puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena,
matrimonio servil, entre otros, sin importar el género, edad o lugar de origen
de las potenciales víctimas. Colombia es considerada como un país de origen de
víctimas de este delito, que está prohibido en todas sus formas y es castigado
con penas de prisión de 13 a 23 años.
Los
tratantes ofrecen a sus víctimas altos salarios como niñeras, vendedores,
camareras, pero al llegar a su destino les quitan sus documentos, las
maltratan, las obligan a prostituirse y a pagar deudas enormes. Los tratantes
aíslan a las víctimas de sus familias y amigos; de su lengua y entorno social para
tener mayor control sobre ellas.
La
sociedad colombiana debe cerrar filas frente a cualquier manifestación de trata
de personas, pero especialmente en los campos de la explotación sexual y laboral
–camuflada y en preocupante crecimiento- que aquí describimos.
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