SIN RODEOS
Justicia transicional y desminado
Por Jaime
A. Fajardo Landaeta
e-mail: fajardolan@une.net.co
Twiter: @JaimeFajardoLan
Hechos recientes y muy significativos en relación con los
diálogos con las Farc y la perspectiva de la culminación del conflicto armado,
ocupan la agenda de los analistas: la divulgación de las conclusiones a que
llegó la comisión histórica del conflicto, por parte de doce eminentes
académicos; la iniciativa del ex presidente César Gaviria acerca de la Justicia
Transicional para todos; los costos del desminado humanitario (unos cien
millones de dólares) según el director del programa contra minas antipersonales;
la convicción de que la negociación con las Farc está madura, según el jefe de Naciones
Unidas, y hasta el fracaso de la gira de Álvaro Uribe y el C. D. en su intento
por desprestigiar el proceso de paz.
Por ahora nos detendremos en el planteamiento de Gaviria
y en el tema del desminado. El documento publicado por El Tiempo, denominado
Justicia Transicional para todos, abunda en argumentos que ameritan cuidadoso
estudio, ya que ofrecen al país y a la comunidad internacional salidas claras
para dar por terminado el conflicto armado y no dejar cabos sueltos que generen
mayores complejidades en el posconflicto.
En esencia, el proceso de paz nos permite delimitar un
modelo de justicia que se convierta en cierre total de las venas y vasos comunicantes
que nos han afectado durante más de 50 años. No es asunto para despachar a la
ligera, como lo hizo el senador Alfredo Rangel, del C. D., al proclamar que
“Gaviria, al igual que el fiscal general, confunde justicia transicional con
impunidad”. Con esta actitud podría propiciar que algunos seguidores de dicho
partido queden marginados de este modelo de justicia, cuando se aborde la
problemática de los auxiliadores del paramilitarismo y de los falsos positivos.
Perderían así una oportunidad histórica.
Como lo hemos sostenido, en varias columnas, lo
importante de este espinoso asunto es que las víctimas se sientan reparadas,
exista verdad sobre los hechos relacionados con el conflicto armado y se da garantías
de no repetición. El “diablo” de la posible intervención de la CPI no tiene
asidero alguno y no puede ser escollo para que construyamos nuestro propio
modelo de Justicia Transicional.
En cuanto a las posibilidades del desminado humanitario
y su astronómico costo, según las cuentas del general (r) Rafael Colón, es
preciso lograr un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para imprimirle mayor
confianza a los diálogos y llevar tranquilidad a los 688 municipios sembrados
con artefactos a punto de explotar.
Lograr que las Farc entreguen información sobre mapas,
georeferenciación y cantidad de minas sembradas, y que coadyuven con la fuerza
pública en el proceso de desminado con el acompañamiento de la comunidad
internacional y las agencias comprometidas, le daría un contexto muy
significativo y serviría para que muchos sectores de la opinión pública, hoy indiferentes
a los diálogos de La Habana, ofrezcan el respaldo requerido.
También estaríamos demostrando que la paz pasa
necesariamente por generar hechos que rediman a muchas comunidades de la
afectación por el conflicto armado que ha derivado en una grave crisis
humanitaria. Seguro que para atender los costos del desminado habrá apoyo de
amplios sectores de la comunidad internacional, pero es claro que se requiere
más voluntad política de la guerrilla para resolver esta urgencia.
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